
Allí, en el Cementerio de San Vicente, se alojaron fosas comunes luego que en 1976, la represión atestara la Morgue Judicial y eligiera ese cementerio como depósito de los cuerpos de sus víctimas, tal como queda expresado en el trabajo denominado «Una fosa común en el interior de Argentina: el Cementerio de San Vicente», de Darío Olmo y Mercedes Salado Puerto, del Equipo Argentino de Antropología Forense.

Participaron miembros de organismos de Derechos Humanos; integrantes de la Comisión Provincial de la Memoria;ex-presos políticos; familiares de desaparecidos; el director de Derechos Humanos de la Municipalidad de Córdoba, Héctor Guillermo Ruibal; autoridades sindicales, municipales, provinciales y nacionales; y el secretario de Derechos Humanos de la Nación, Horacio Pietragalla, quien manifestó, en referencia a las víctimas del terrorismo de estado que «pusieron en riesgo el patrimonio más grande que tiene un ser humano, que es la propia vida, para que haya una sociedad mejor».
